El primer signo de politización de la violencia y de la lucha contra el crimen es hablar de los “muertos” o “la guerra de Calderón”. Mediante esos estribillos grupos políticos quieren que la opinión pública responsabilice de toda la violencia al Gobierno Federal.

En base a la Constitución, los gobernadores, que cuentan con presupuestos, policías, ministerios públicos y jueces, son los responsables primarios de combatir el crimen. El homicidio, el secuestro, el robo y la extorsión son delitos del orden común.